Colombia atraviesa nuevamente una etapa de profunda preocupación por la seguridad, mientras comunidades enteras enfrentan amenazas, desplazamientos, confinamientos y violencia. Frente a esta realidad, recuperar la presencia del Estado no puede ser una bandera política, sino una obligación democrática, una necesidad territorial y, sobre todo, una garantía de derechos humanos.

Durante mucho tiempo hemos discutido la seguridad en Colombia como si hablar de ella significara necesariamente hablar de guerra, de confrontación armada o de posiciones políticas. Sin embargo, cuando uno escucha a las comunidades que viven en los territorios más afectados, encuentra una realidad mucho más sencilla y dolorosa: la gente quiere vivir tranquila, trabajar, estudiar, movilizarse y regresar a sus casas sin sentir que alguien, desde la ilegalidad, puede decidir sobre su vida.

Esa realidad debería ser suficiente para entender que la seguridad no puede seguir tratándose como un asunto secundario, mucho menos cuando las comunidades continúan enfrentando amenazas de grupos armados, extorsiones, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Allí donde el miedo termina imponiendo las reglas, los derechos humanos dejan de ser una garantía efectiva y comienzan a convertirse en una promesa difícil de cumplir.